MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Los proyectos hidroeléctricos del río Santa Cruz no debían continuarse tal como los había dejado el gobierno anterior; pero tras corregir aspectos técnicos, ambientales y económicos podrán ser parte del potencial energético del país
En su editorial del sábado, con el título "Las represas de Cambiemos", LA NACION reitera su opinión contraria a los aprovechamientos hidroeléctricos del río Santa Cruz. Señala que resulta un contrasentido arrogarse la promoción del cambio y la transparencia y continuar las centrales hidroeléctricas de Santa Cruz, y destaca la necesidad de revisar y examinar en profundidad el proyecto, en lugar de convalidarlo sin análisis alguno.
El editorial nos ofrece una buena oportunidad para brindar aclaraciones que creo fundamentales para entender los cambios aplicados al proyecto que heredamos y qué etapas faltan completar.
En ese sentido, quiero destacar un punto de coincidencia con LA NACION: la continuidad de las obras sin una profunda revisión y análisis previo hubiera significado convalidar ciertos aspectos del proyecto que no podían de ningún modo aceptarse.
Por eso, aun existiendo compromisos internacionales firmes y en ejecución para la realización de la obra, decidimos iniciar el estudio pormenorizado del proyecto en todas sus facetas: ambientales, legales, comerciales, financieras, jurisdiccionales e institucionales; conformamos equipos de trabajo con profesionales especializados en cada área. Como resultado de ese trabajo arribamos a otra coincidencia fundamental con el editorial: el proyecto no podía continuar tal como había sido concebido por la administración anterior. Se mencionan a continuación algunas de las razones:
Aspectos técnicos. El proyecto preveía instalar más turbinas de las que pueden funcionar con el caudal natural que tiene el río Santa Cruz. La condición de funcionamiento simultáneo de las 11 máquinas originalmente proyectadas era imposible por las características propias del río: no hay en él caudal suficiente para eso. De hecho, una máquina de 190 MW de las seis de la presa superior nunca hubiera funcionado y dos máquinas de 120 MW de la presa inferior tampoco.
Hemos acordado reducir la potencia total del aprovechamiento, reduciendo de 11 a 8 las turbinas a instalar sin afectar, sin embargo, la energía total por generar, modificando el método de despacho. Con la configuración actual, habiendo eliminado tres máquinas, ambas centrales generarán igualmente 5.000.000 de megavatios hora por año. La misma energía generada, pero con menor inversión y por lo tanto con ahorro para los argentinos.
A su vez, propusimos reducir la cota (altura) de la represa Néstor Kirchner, que es la que está más cerca del lago Argentino, con el objeto de asegurar el desacople de esa represa respecto del lago y los glaciares.
Por otro lado, el proyecto original omitía definiciones técnicas mínimas e indispensables para la elaboración de un proyecto ejecutivo adecuado de las obras. Por ejemplo, el proyecto no preveía la conexión de las nuevas centrales de generación con el sistema de transporte de energía nacional. Era un proyecto de dos centrales de generación eléctrica para enviar energía a ninguna parte. Hemos redefinido el proyecto, incluyendo las obras necesarias para permitir su aprovechamiento en forma eficiente.
Aspectos ambientales. El riesgo principal estaba dado por la posible afectación del lago Argentino. Además había fuertes observaciones sobre el procedimiento de aprobación ambiental de las obras, culminado con una audiencia pública realizada el 9 de diciembre de 2015, día anterior al cambio de gobierno.
Hemos realizado un estudio con expertos independientes que han certificado el "desacople" del emprendimiento respecto del lago y los glaciares con la reducción de la cota de la represa superior, ubicada a 130 kilómetros del lago Argentino; se aseguró entonces que éstos no estarán afectados por la operación de las represas.
Pero eso no agota todos los aspectos ambientales en juego. La decisión de retomar las obras está supeditada a la realización de todos los estudios y procedimientos ambientales que aseguren la viabilidad del proyecto y su compatibilidad con el cuidado del medio ambiente. En este sentido, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación está realizando una importante actividad de asesoramiento a las autoridades ambientales provinciales y de este mismo ministerio, sugiriendo un conjunto de tareas que deben completarse para llegar a un Estudio de Impacto Ambiental completo y adecuado, que incluye nuevas audiencias públicas y otras formas de participación ciudadana que se consideren pertinentes. Sólo una vez completados esos estudios podrán iniciarse las obras principales del proyecto.
El editorial de LA NACION menciona particularmente el posible impacto de las obras en el estuario del río Santa Cruz. Sobre eso, es necesario decir que el régimen del río no va a variar respecto del natural, por lo que no se esperan efectos en su desembocadura en el Mar Argentino. En efecto, el caudal que recibirá cada una de los aprovechamientos será el mismo que el que saldrá de ellos, de modo que nada de los ambientes físico, biológico y socioeconómico observará diferencias luego de realizadas las obras.
Aspectos jurisdiccionales e institucionales. El proyecto tuvo su origen en un acuerdo firmado por el gobierno anterior con la provincia de Santa Cruz que atribuía los derechos de explotación de la obra a esa provincia. Es decir, pretendía utilizar los fondos de la Nación, aportados por los contribuyentes de todo el país, para construir un emprendimiento cuya explotación se asignaba a una sola provincia.
Ante eso, nuestra administración ha planteado y acordado con la provincia de Santa Cruz la necesidad de adecuar el convenio a la ley federal de energía eléctrica (ley 15.336), de manera de asegurar que los derechos de explotación de la energía se reserven al Estado nacional, encargado de la ejecución y del costo de las obras, manteniéndose para la provincia, de acuerdo con la ley, la compensación del 12% sobre los ingresos, relacionada con la utilización de recursos naturales cuyo dominio originario le corresponde a la provincia.
Aspectos comerciales y económicos. El precio de la obra, a partir de decisiones emitidas por la Secretaría de Obras Públicas, a cargo entonces del ahora famoso José Francisco López y bajo la responsabilidad del ex ministro De Vido, estaba sujeto a un mecanismo de ajuste que en los hechos implicaba la dolarización total del precio, no contemplado en la normativa vigente para la redeterminación de precios de obras públicas. Hemos sustituido ese mecanismo, en el marco del régimen legal aplicable, lo que nos permitirá a todos los argentinos un ahorro del orden de los 1000 millones de dólares.
Otros aspectos considerados para dar continuidad al proyecto. La Argentina, tras años de políticas sectoriales erráticas, tiene una capacidad de generación eléctrica insuficiente. El pasado 12 de febrero se alcanzó la demanda máxima de potencia de la historia en el sistema interconectado nacional (25.380 megavatios) y sólo fue posible atenderla con el auxilio de energía importada desde países vecinos. Aun así, debimos dejar a miles de argentinos sin fluido eléctrico por algunas horas.
Nuestro país necesita duplicar prácticamente su potencia disponible instalada de aquí al año 2025. El plan que hemos desarrollado, en función de nuestro compromiso con el cuidado del ambiente, prevé incorporar hasta entonces 10.000 megavatios provenientes de energías renovables (eólica, solar, biomasa, biogás, etc.), por lo que se reducirá el porcentaje de generación a partir de combustibles fósiles en algo más de un 15%. El objetivo es lograr que en 2025 el 20% del consumo eléctrico provenga de fuentes renovables.
Tras años de fracasos y promesas incumplidas, el gobierno del presidente Macri logró dar pasos muy significativos en esa dirección. En marzo de 2016 reglamentamos la ley de energías renovables (27.191) mediante el decreto 531/2016. En mayo se inició un proceso público, competitivo y transparente para solicitar ofertas de generación eléctrica renovable. El pasado 5 de setiembre hemos recibido 123 ofertas para instalar 6346 megavatios de energía proveniente de fuentes renovables. Hasta ahora, la Argentina sólo contaba con 195 megavatios instalados de energías eólica y solar. En 9 meses se avanzó más en energía renovable que en toda nuestra historia sectorial.
Pero debe tenerse en cuenta que la energía hidroeléctrica también es una energía renovable. No genera gases de efecto invernadero y puede ser complementaria de los aerogeneradores y paneles fotovoltaicos, cuya inactividad, debido a su intermitencia, debe ser cubierta por fuentes de energía firme, como la térmica, la energía nuclear o la hidráulica.
Las represas del río Santa Cruz son parte del potencial energético de la Argentina y creemos que, con los cambios necesarios respecto del proyecto original, pueden constituir aprovechamientos compatibles con el cuidado del ambiente y atender de esa forma parte de las necesidades de energía de los hogares, industrias y comercios de nuestro país.
Cambiar no significa descartar de plano todo lo recibido, sino revisarlo y, en forma transparente, adecuarlo al bien común. En eso, la decisión no puede guiarse exclusivamente en miradas que, aun bien intencionadas, sólo atienden a una parte de los intereses en juego. En este caso, las miradas parciales, unas centradas en el respeto de la seguridad jurídica y los compromisos internacionales, otras enfocadas al cuidado ambiental, otras que demandan energía firme para la producción y el consumo, otras que reclaman por el desarrollo regional y la ocupación de mano de obra local, todas han sido atendidas en la decisión de cambiar el proyecto y sus condiciones de ejecución.
Ingeniero, ministro de Energía y Minería de la Nación